Página 12, 14 Octubre 2003
OPINION
Democracia en la universidad
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Por Rafael González *
Diferentes conflictos que atraviesan la UBA plantean la
discusión sobre la democratización. La legitimidad de la estructura del
gobierno universitario (GU) está en crisis: en los últimos años, y aun ahora,
se han tomado decisiones en contra de la mayoría de los docentes, no docentes y
alumnos, que derivaron en serios conflictos. Que la mayoría de los cargos
docentes no estén concursados, que sólo los profesores regulares voten en ese
claustro –que posee la mayor representación dentro del GU–, que el claustro de
graduados en muchas ocasiones esté manejado por verdaderos aparatos políticos
que controlan el empadronamiento, bastan para demostrar la necesidad de
democratizar al GU. Para ello, debería darse un amplio debate en la UBA y “hacer
vinculante” de alguna forma el resultado a una reforma del estatuto.
En cuanto a la legitimidad de las decisiones del GU, últimamente
se han producido varios conflictos: en Sociales (Sociología), Ingeniería
(intento de remoción del decano), Exactas (modificación de reglamento del
Cefiec y de los concursos de docentes auxiliares). En Exactas o Ingeniería, las
mayorías circunstanciales de los consejos directivos plantean que es legítimo
tomar decisiones más allá de si la mayoría de un claustro, o departamento está
de acuerdo: el haber ganado las elecciones los imbuiría automáticamente de la
representación mayoritaria. En lo estrictamente reglamentario les asiste la razón.
Es lo que podríamos llamar “democracia reglamentaria”, que es a su vez “jerárquica”,
ya que se basa en el voto calificado de los profesores. Con esta concepción no
importa si la mayoría de los docentes y alumnos del Cefiec está de acuerdo con
la modificación de su reglamento, o se arguye que la presentación de 200 firmas
de docentes, pidiendo la reconsideración de la reforma del reglamento de
concursos es minoritaria ya que hay 1600 docentes (aunque si se fuera
coherente, se debería sostener lo mismo del hecho de que 280 profesores que
votaron en las elecciones detentan el 50 por ciento del consejo).
Frente a esta concepción, oponemos una “democracia
participativa”. Dado que el acto electoral no imbuye de representación en forma
permanente, que los representantes muchas veces son electos por la minoría del
padrón, que los representantes podrían no respetar el contrato electoral, o que
hay nuevas situaciones respecto del momento de la elección, es fundamental
crear instancias de participación y consulta que aseguren que las decisiones
sean tomadas por la mayoría y de la forma más “horizontal” posible. Esto es válido
también para nosotros como gremio. Todos los métodos que tiendan a la
participación de las mayorías –en especial de los involucrados– y a la toma de
decisión consensuada y horizontal, son válidos: plebiscitos, petitorios,
asambleas, movilizaciones, jornadas de discusión. Es más, para abrir la
universidad al pueblo, y tener más claro cuáles son las cuestiones que deberíamos
considerar al tomarlo como destinatario de nuestra tarea, deberían crearse
mecanismos de consulta con la sociedad y sus organizaciones populares.
* Secretario general de la AGD en la Facultad de Ciencias
Exactas (UBA).
Página 12, 24 Octubre 2003
OPINION
Democracia en la universidad II
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Por Jorge Aliaga *
En un artículo de opinión publicado en Página/12 se planteó
la discusión sobre la forma de gobierno de la universidad (GU), en particular
de la UBA. Allí se mezclan dos cuestionamientos a la legitimidad de la estructura
del GU que deben ser diferenciadas: se cuestiona la forma en que el GU está
integrado y se da como prueba de la falta de legitimidad el hecho que se hayan “tomado
decisiones en contra de la mayoría de docentes, no docentes y alumnos”. Sin
entrar a discutir si efectivamente esto fue así, ambos argumentos tienen una línea
conductora: para que la universidad sea “democrática” debe ser gobernada
siguiendo la opinión del “pueblo”, o sea de los docentes, no-docentes y
alumnos. La universidad pública recibe fondos que aportan todos los ciudadanos
y es autónoma. Se le asigna la enorme responsabilidad de administrar esos
fondos para cumplir de la mejor forma con el objetivo de proveer educación,
generar investigación científica y tecnológica y ofrecer extensión para el
pueblo. El pueblo son todos los argentinos, ya que sostienen la universidad pública.
Digo que la responsabilidad es enorme porque un grupo de representantes elegido
por compañeros de trabajo o estudio deben actuar administrando un bien para el
interés general y no para el propio. Eso genera muchas situaciones de
conflictos de intereses ya que la condición humana aflora también en los
universitarios. Lo que en la nota de referencia se presenta como una dicotomía
entre democracia “reglamentaria” o “ participativa” puede plantearse en los términos
de democracia “representativa” o “directa”. Si creemos que podemos honrar la
autonomía, veamos cómo organizar la democracia representativa (representación
en el GU, profesores interinos, falta de concursos, claustro único docente,
peso de cada claustro, etc). Respecto de la democracia directa no hay forma de
garantizar un mecanismo transparente dado que el que realmente debe opinar es
el pueblo de la Nación, aunque ciertamente se podrían hacer plebiscitos o consultas
populares, como ocurre en muchos países del mundo. Si la propuesta de
democracia directa se refiere al asambleísmo universitario, eso no es
democracia. Se logrará una lucha entre pequeñas estructuras políticas, casi
siempre sin representación electoral en la sociedad ni en la universidad,
copando las discusiones y decidiendo según sus intereses inmediatos. Lo que
decida una cátedra, un departamento, o una facultad, aun con el 100 por ciento
de apoyo de sus miembros, no debe ser necesariamente legitimado en el órgano de
gobierno superior con el solo argumento de ese apoyo “popular”. Estos
organismos deben aprobar lo que consideren que es mejor para el pueblo de la
Nación y defender los objetivos de la universidad toda, no los de un grupo de
interés relacionado con un ámbito de trabajo y estudio. De hacer lo contrario
sus miembros deberían ser procesados por incumplimiento de los deberes de
funcionarios públicos y ser socialmente identificados como un caso más de
corrupción a los que muchos dirigentes nos tienen acostumbrados.
* Profesor adjunto de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales (UBA).